Prohibición del derecho de huelga en la provincia de Santa Cruz
El largo conflicto docente en la provincia de Santa Cruz incorporó un elemento distorsivo y provocador: un juez emitió un fallo que ordena al sindicato docente ADOSAC la suspensión de la huelga convocada y, por lo tanto, intenta decretar la prohibición del derecho constitucional de huelga. Además, amenaza al gremio más representativo de los docentes santacruceño con enviar las actuaciones a la justicia penal por el potencial delito de desobediencia judicial, en caso de no acatar el presente fallo.
Desde La CTA repudiamos el ilegítimo acto judicial por no válido, anticonstitucional y violatorio de los más elementales derechos consagrados en nuestra Carta Magna y convocamos a las centrales obreras de nuestro país a enfrentar conjuntamente este tipo de maniobras que judicializa la lucha por mejoras de salarios y afecta los derechos constitucionales que tenemos quienes no ejercemos cargos en el poder.
El gobierno de Santa Cruz no fue capaz de resolver un conflicto de larga data y pretende mantener a los docentes de la provincia con salarios por debajo de la línea de la pobreza. ADOSAC no acepta esas condiciones de sojuzgamiento y utiliza las herramientas sindicales y legales existentes para oponerse a esa política depredadora.
Nos preguntamos: ¿cuál es el delito que se le puede imputar a una organización sindical que lucha por sus derechos, acepta el diálogo entre las partes e intenta alcanzar un acuerdo por sueldos que alcancen a la canasta básica por medio de acciones legales?
El propio juez acepta la legalidad de la medida de fuerza convocada por ADOSAC y se remite a tratar de encontrar artilugios para impedirla. Es evidente, que la justicia santacruceña y el gobierno de Santa Cruz están íntimamente ligados en la defensa de los mismos intereses: prohibir el derecho de huelga y abortar la lucha de los docentes.
Esta connivencia entre poderes que deberían ser autónomos tiene una sola denominación: acumulación del poder público. Parece ser una costumbre que intenta diseminarse por todo nuestro territorio en desmedro de la lucha sindical, social y política de un pueblo que se rebela contra una inflación instalada, contra la precarización laboral y contra la intención de disciplinar a los trabajadores/as cuando luchan por vivir mejor.
La CTA expresa su solidaridad con ADOSAC y los maestros santacruceños y exige al gobierno de la provincia de Santa Cruz que responda a las peticiones sindicales en la paritaria convocada, ámbito natural para dirimir estos conflictos.
Los trabajadores/as luchamos por recuperar la democracia y no permitiremos que se vacíe de contenido. El goce de los derechos constitucionales es una obligación que los gobernantes y jueces deben respetar. La negociación paritaria, el derecho a huelga, la lucha por una remuneración justa, las paritarias libres, entre otros aspectos, son parte de esa recuperación innegociable. En Santa Cruz deben ser respetados en forma urgente para que los chichos y chicas retornen a las aulas y los docentes cobren salarios dignos.
