Quieren usar a la ciudad de Buenos Aires para limitar a la justicia nacional y avanzar sobre nuestros derechos
La CTA conducida por Pablo Micheli y Dora Martínez repudia la aprobación anticonstitucional que la legislatura porteña votó para dificultar el acceso a la justicia de miles de ciudadanos y ciudadanas que viven en la República Argentina.
Esta ley perjudica los intereses de muchas y muchos ciudadanos que litigan en los tribunales con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyos fallos corresponden a la justicia nacional. Es decir, este avasallamiento no perjudica sólo a quienes viven en la ciudad sino a un amplio espectro de vecinos y vecinas que verán afectados sus derechos constitucionales y de petición cotidiana de justicia.
Inventaron una instancia judicial más para darle poder al Tribunal Superior de Justicia de CABA y consagrarlo como una nueva instancia, posterior a las Cámaras Nacionales de Apelaciones y previa a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, crearon una tercera instancia judicial de ámbito local que puede revisar lo realizado por los juzgados nacionales.
No lo hicieron con un proyecto que legislara sobre ese tema específico. Lo camuflaron dentro de un proyecto de ley que versaba sobre digitalización de causas judiciales en trámite. En dicho proyecto introdujeron dos artículos para que la justicia de la ciudad se constituya como nueva instancia en causas civiles, comerciales y laborales sobre las cuales ya se haya expedido la justicia nacional.
El artículo 75 de la Constitución Nacional lo prohíbe. Dice con claridad que estas materias son propias del Congreso Nacional y no pueden ser legisladas por otros ámbitos como pretende desde la legislatura porteña con esta inaudita ley.
De este modo, la promulgación de esta ley significaría una prolongación en el tiempo de las causas que se sustancien ante la justicia nacional y un encarecimiento de los juicios para la y el ciudadano común.
El Tribunal Superior de Justicia de CABA tiene atribuciones locales. Hoy no puede entrometerse en lo dictaminado por la justicia nacional, así lo establece la Constitucional Nacional tanto desde su origen, y después de las sucesivas modificaciones que votaron las diversas Asambleas Constituyentes. Esta intromisión afectará los juicios laborales, los diferendos comerciales y civiles, institucionales, la aplicación de derechos colectivos. No es sólo una cuestión jurídica o técnica. Se trata de efectos prácticos sobre muchos aspectos de nuestra vida cotidiana.
Quienes se llenan la boca sobre una justicia más cercana al ciudadano, la alejaron. Quienes hablan de seguridad jurídica, la politizaron aprovechando una circunstancial mayoría en la legislatura porteña. Quienes se dicen cultores de una justicia más libre y autónoma de los poderes políticos, la cercaron una vez más.
Por estas razones, convocamos a la movilización de repudio que se realizará el próximo miércoles 6 de octubre a las 11 horas frente al Tribunal Superior de Justicia de CABA, Cerrito 760, para exigir que no se promulgue esta ley perjudicial para los intereses populares.
Los trabajadores y trabajadoras sabemos lo que significa padecer injusticias.
Nos encontramos el miércoles a las 11 horas.
Pablo Micheli – Secretario General
Dora Martínez – Secretaria Adjunta
