Castigo para funcionarios que usaron prácticas mafiosas para beneficiar a los poderosos y consolidar la entrega
La CTA conducida por Pablo Micheli y Dora Martínez repudia la actuación de las autoridades del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires del gobierno anterior y de su gestora política, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, y exige las más duras penas para quienes atentaron contra los sindicatos y sus dirigentes mediante un accionar ilegal, antidemocrático y con visos de metodología mafiosa.
Todavía no se conocen todas las pruebas de ese accionar pero como muestra sólo basta un botón. El espionaje sobre los trabajadores/as y sus organizaciones no es nuevo. Pero ahora, hay videos y audios que hacen indubitable ese espionaje y comprueban la falta de apego a la convivencia democrática que tanto declaman.
Esta muestra de desprecio por las organizaciones de los trabajadores/as debe tener una respuesta judicial y política acorde a la magnitud de los hechos. Es innegable que la mención a una Gestapo para los trabajadores/as que luchan es parte de un ideario nazi que habrá que desterrar de la Argentina. No podemos naturalizar que se vayan engendrando redes de impunidad para beneficiar a los poderosos. No podemos naturalizar que se utilice el aparato del Estado para perseguir a quienes utilizan los medios constitucionales para defender sus derechos y, menos aún, naturalizar que se “armen” causas para darle un tinte de legitimidad a una metodología ilegal manifiesta.
Es evidente, que todo esto se potenció a partir de la oposición que ejercieron una parte de la CGT, la CTA y la CTA de los Trabajadores contra los objetivos del gobierno macrista y tuvo a la provincia de Buenos Aires como un blanco predilecto. Pablo Moyano, Pablo Micheli, Hugo Yasky y miles de dirigentes, delegados/as sindicales, militantes y trabajadores/as nos opusimos a esos planes. Esa fue la fuerza que motorizó la derrota del macrismo en 2019 y propició la unidad del movimiento popular para lograrlo.
Debemos concluir, que todos/as fuimos sospechosos sólo por oponernos a vivir peor y potenciales espiados por un gobierno que impulsaba una política depredadora. Asimismo, es necesario ratificar que la política de movilización en las calles fue correcta y cercenó los propósitos del macrismo de limitar el derecho de huelga, derogar los convenios colectivos y jaquear a las jubilaciones y pensiones.
No hay excusas. Los agarraron con las manos en la masa. Querían afectar la vida de los trabajadores/as organizados y deslegitimar sus luchas tanto en beneficio de los empresarios como para consolidar un estilo de gobierno autoritario y alejado de la ley. Deberá haber justicia. Esta revelación de las cloacas políticas en democracia debe hacernos redoblar esfuerzos para alcanzar mayores niveles de unidad y movilización en defensa del nivel de vida de los trabajadores/as y el pueblo, para impulsar con más energías un modelo nacional y popular y para construir un reaseguro de que estas prácticas mafiosas no se repitan en nuestra democracia que tanto nos costó conseguir.
Dora Martínez – Secretaria Adjunta CTA
Pablo Micheli – Secretario General CTA
